La presión tributaria que llegó a ser 16% en el 2007 (luego de varias reformas fiscales) se redujo a un 14% en el 2009; en otras palabras una pérdida de ingresos tributarios del orden de RD$31,523 millones para el 2008.

Algunos economistas sugieren que para evitar erráticas e inconsistentes políticas fiscales, las autoridades de los ministerios de hacienda deben actuar siguiendo reglas predeterminadas y bien definidas; evitando la discrecionalidad que muchas veces obedece a cuestiones políticas que combinadas con la falta de criterios técnicos claros e independientes, resultan en políticas fiscales poco eficientes.

El actual desempeño fiscal dominicano ha sido relativamente bueno durante los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero fuera de éstos el déficit fiscal alcanza niveles que ha afectado negativamente el crecimiento económico, estimulando la inflación e induciendo a ajustes monetarios que reforzaron la tendencia al estancamiento del producto interno entre 2005-2008.

En efecto, el déficit del sector público consolidado en el 2005 fue de tan solo 0.33% del PIB, cuando el país se encontraba bajo la supervisión del FMI. Sin embargo, en el 2009 ese déficit supera el 10%, ya que el ministerio de Hacienda anunció que el déficit del Gobierno Central alcanzó 8.9% para ese año.

Este resultado se explica por el mantenimiento de una política fiscal expansiva mientras se producía una caída de los ingresos tributarios, este comportamiento de los tributos sigue al estancamiento del PIB durante 2005-2009. La presión tributaria que llegó a ser 16% en el 2007 (luego de varias reformas fiscales) se redujo a un 14% en el 2009; en otras palabras una pérdida de ingresos tributarios del orden de RD$31,523 millones para el 2008. Esta situación no determinó una revisión de la política fiscal que seguía patrones similares a su desbordamiento del 2008, por el contrario se anunciaron mayores inversiones públicas.

La pérdida de recursos públicos se compensó, en alguna medida, con los créditos de la banca comercial local y con los atrasos incurridos en el pago de la deuda pública interna. Durante el 2008 y 2009, la banca privada aumentó el crédito al gobierno en RD$32,642.3 millones, asimismo incurrió en atrasos con el sector eléctrico por US$250 millones en el 2008, aunque vale destacar que de los recursos que recibió el país procedentes del FMI en el 2009 se le transfirieron al sector eléctrico US$500 millones.

Cuando las fuentes internas de financiamiento advirtieron la incapacidad de pagos del gobierno debido a la caída de las recaudaciones, entonces la política fiscal encaminó sus esfuerzos a conseguir recursos frescos de la comunidad financiera internacional sin percatarse de la reversión de la tendencia de los ingresos públicos. Por otro lado, resulta notable que la administración financiera pública no ha reparado en resolver otras dificultades cruciales para flexibilizar al gasto público.

En el 2009 y luego de discrepancias públicas en torno a la firma de un acuerdo con el FMI, repentinamente el país firmó una carta de intención con este organismo multilateral. Se acordó endeudar externamente al país por un monto de US$5,400 millones, los que serían desembolsados entre 2009 y 2010 y que potencialmente incrementarían la deuda pública externa en 67.5% respecto del stock acumulado a octubre del 2009.

Actualmente la política fiscal carece de brújula, adolece de metas de corto plazo medibles y pasó por alto la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) para la formulación presupuestaria del 2009; en otras palabras la política fiscal también carece de objetivos de largo plazo.

Como si esto fuera poco, las acciones en esta área necesitan de mayor transparencia. No existen informaciones oficiales sobre el monto de las nominillas en el sector público dominicano. De la misma manera, no hay ningún esfuerzo para corregir la inflexibilidad presupuestaria que deviene de la especialización de recursos públicos mediante leyes. 

Nunca se ha publicado, al inicio de cada período presupuestario, el calendario de pago de la deuda pública (interna y externa), no se conoce a priori la moneda de los créditos externos, se desconocen las tasas de interés de cada préstamo así como sus plazos, no se tiene idea del monto de los castigos por moras, se desconocen los atrasos en el cumplimiento del servicio de la deuda pública. En fin, el manejo financiero del gobierno es una caja negra.

Esta opacidad en la administración financiera del Estado es absolutamente  consistente con la ineficiencia de los servicios públicos, con la corrupción administrativa y con el sistema de dictadura electoral que alimenta el sistema clientelar. Pero, sobre todo, la presente política fiscal resulta complaciente con la irracionalidad de inversiones públicas que no son rentables y que, por tanto, reducen el bienestar de quienes subsidiamos proyectos de inversión que producen pérdidas.

La política fiscal no guarda relación con los reclamos del sector privado, que demanda el respaldo oficial para defender la competencia y para que además se ocupe de eliminar  los cuellos de botella que impiden incrementar la productividad de dicho sector.

Una sana restricción presupuestaria sería, por ejemplo, que el gobierno gaste los tributos que ingresa. En el caso de que gaste más, entonces debe mantener un superávit primario anual de cierto porcentaje del PIB que le permita pagar la deuda pública. En el 2010 se estima que el déficit fiscal sea de RD$62 mil millones cuando en el acuerdo con el FMI se contempla cero déficit primario. De la misma manera, ahorrar los excesos de ingresos públicos corrientes sobre los ingresos públicos estimados es aconsejable cuando éstos –que dependen del producto– son afectados por shocks externos. 

La política fiscal debe asegurar asimismo el equilibrio inter-generacional; es decir que las generaciones presentes y futuras, cada una en su momento, disfruten del mismo nivel de bienestar. Obviamente, el gobierno no cumple con estos requisitos del bienestar a juzgar por el actual excesivo endeudamiento público.

Por consiguiente, las reglas fiscales sin dudas contribuyen a limitar la discrecionalidad excesiva y a reducir la debilidad técnica.  Además, hace más difícil que la designación por méritos “políticos” de autoridades financieras, que desconocen los efectos macroeconómicos de sus decisiones en materia de política fiscal, pongan en riesgo el equilibrio que se derivan de las reglas fiscales, y evitan que la formulación de las mismas se fundamenten en la complacencia (para mantener el puesto) o en la incompetencia. 

Apolinar Veloz. El autor es profesor de economía del INTEC