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SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Preocupadas por el deterioro moral e institucional del país, unas 34 organizaciones integrantes de Foro Ciudadano reclamaron a distintas instituciones públicas más acción contra la corrupción y rechazaron que sean las llamadas a presentar las pruebas ante las denuncias que se hacen a través de los medios de comunicación.
El planteamiento fue hecho a través de un documento depositado en la Procuraduría General y remitido copias a la Suprema Corte de Justicia, la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción.
Al servir de vocero de las organizaciones, Manuel Cabrera, de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), dijo que el Ministerio Público está obligado a investigar las denuncias de corrupción en distintas instituciones públicas y rechazó que la sociedad civil sea la responsable de aportar las pruebas como afirmara el director de la DPCA, Hotoniel Bonilla.
El documento plantea que ese argumento es sólo una forma de justificar la inercia del Ministerio Público frente a los actos de corrupción, "cuyas pruebas son muy obvias".
“Las denuncias que se han hecho tienen méritos suficientes para mover la acción pública para su esclarecimiento y que se apliquen las sanciones que correspondan a cada implicado”, resalta.
Mientras que Francisco Checo, de Participación Ciudadana, dijo que las instituciones, a las que fue remitido el documento deben emprender las acciones necesarias para salvaguardar la transparencia del Estado.
El documento pide a la Procuraduría General que disponga que a la brevedad se investigue cada caso denunciado; al Senado y la Cámara de Diputados, que fiscalice el uso de los recursos públicos e interpele a los funcionarios involucrados en denuncias de corrupción.
Asimismo, a la Cámara de Cuentas le piden que audite a la brevedad, cada una de las instituciones involucradas en denuncias de corrupción y hacer público el resultado de las investigaciones; a la DPCA que indague y someta a la justicia a los que resultaren responsables de irregularidades y a la Comisión de Ética, que recomiende al Poder Ejecutivo la puesta en marcha de un plan eficaz de lucha contra el flagelo.
A la Suprema Corte de Justicia se le solicita que tome las medidas para que los expedientes relacionados a actos de corrupción sean conocidos sin demora, así como vigilar el desempeño de los jueces a cargo del estudio y decisión sobre expedientes de corrupción.
El documento fue depositado en la secretaría de la Procuraduría y asistieron, además de Cabrera y Checo, representantes de Ciudad Alternativa, Centro Juan Montalvo, la Federación de Industriales de Herrera, el Instituto Nacional de Apoyo a la Juventud, la Federación de Comerciantes y Empresarios (FENACERD), el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA) y Asociación de Pequeños y Medianas Empresas Textiles.
También el Consejo de Organizaciones de la Región Oriental, Juventud en Lucha por la Vida, la fundación Projuventud, Colectiva Mujer y Salud, la Asociación de Fabricantes de Jean, la Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora, la Fundación Comunidad de Integración Participativa, Dominicanos por la Integridad y Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
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