República Dominicana es un país con un alto nivel de desigualdad. El 20 por ciento de los hogares más ricos recibe el 57,4 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 20 por ciento de las familias más pobres recibe apenas un 3,6 por ciento. Cambiar esta situación o atenuarla requiere de políticas públicas que incentiven la creación de empleos y de responsabilidad social empresarial.   

A quienes más debería interesarle poner su granito de arena para reactivar el crecimiento de la economía es a la clase empresarial. El consumo de la población se ha caído tanto por el aumento del desempleo como por el efecto de la inflación acumulada en la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Un nivel salarial que nos acerque por lo menos al 50 por ciento de la canasta básica puede contribuir a dinamizar la economía la economía y amortiguar la carga de los que menos tienen, dándole una manita la flexibilización de la política monetaria.   

La caída del crecimiento de la economía sigue impactando en la reducción de los puestos de trabajo. La semana pasada dos economistas plantearon que en la industria del tabaco de Santiago se perdieron 3,000 empleos directos y una cantidad similar en el polo turístico de Puerto Plata. Junto con un nivel salarial que no llega al 30 por ciento de la canasta básica,  es una presión social que debemos revertir.

Tenemos que trabajar en garantizar la cohesión social que nos permita enfrentar la difícil coyuntura nacional en un ambiente de calma y jamás llegar a situaciones como las que están ocurriendo en Honduras. Esa enorme brecha entre ricos y pobres hay que reducirla. Con salarios de miseria y sin políticas públicas de protección de empleos en vez de reducirse, se ensancha. El aumento de la tarifa del servicio de la energía eléctrica, acompañada de apagones prolongados e incremento de precios por el impacto del costo de los combustibles afectan aún más la carga de los trabajadores.

Hasta ahora las discusiones en torno al aumento del tope del salario mínimo que exigen los trabajadores se desarrolla en el marco del espacio abierto por las leyes, el Comité Nacional de Salario, cada quien halando por su lado. Conviene a   las partes ceder. No es posible para la clase empresarial presionar sus costos laborales más allá del punto de equilibrio de operaciones, para evitar inflación de costos salariales, pero tampoco el aumento puede ser pírrico.

En los EEUU y en la Unión Europea no solo se procura incentivar la capacidad de consumo con exenciones fiscales, sino que también se centran en proteger el empleo, que es el tema principal de la agenda económica global. Empresas privadas de esos países han preferido acortar las jornadas laborales y así no agravar el índice de desempleo. Aquí no queremos reconocer que sin mayor ingreso disponible no se dinamiza la economía.      

Mientras continuamos con subsidios generalizados poco productivos, abultando la nómina pública, con nepotismo incluido, y pagando  asesorías no compatibles con el comportamiento de los ingresos fiscales, se dejó sin efecto el Decreto 552-07 que otorgaba 2000 pesos mensuales por empleados en planta a las zonas francas. Es decir, premio el dispendio y no a quienes crean empleos y generan divisas.       

Julio Caminero