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SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La venta del 49 por ciento de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo a Venezuela debió ser sometida a licitación pública que le diera transparencia y evitara confusiones en torno a la operación, opinaron este jueves directivos de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y Participación Ciudadana.
Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la (FINJUS), y Francisco Álvarez, directivo de Participación Ciudadana, dicen respetar pero no compartir las opiniones de los juristas designados por el presidente Leonel Fernández para analizar la transacción y quienes concluyeron que por ser un acto de comercio está exenta de ser sometida a licitación, procedimiento no contemplado en el Código de Comercio.
Según la FINJUS, están regidos por la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones todas las operaciones del Estado que involucren “compra y contrataciones de bienes, servicios, consultoría y alquileres con opción de compra y arrendamiento, así como todos aquellos contratos no excluidos expresamente o sujetos a un régimen especial”. Por esto considera “obligatoria” la licitación de la venta de las acciones de la Refidomsa a la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
Más adelante añade que Congreso debe conocer y aprobar la operación ya que sobre la misma hay posiciones divergentes y aboga por la creación de mecanismos para dar más transparencia al ejercicio de las funciones públicas.
Álvarez concuerda con estos planteamientos y reitera que la transacción debe ser conocida y aprobada por el Congreso ya que supone la venta de propiedades del Estado. Destaca que operaciones por menos dinero deben pasar por la aprobación congresual.
“En aras de la transparencia, la operación de venta debe ser conocida por el Congreso porque la Refinería es dueña del total de las acciones y esa empresa en propiedad del Estado”, indicó Álvarez.
Castaños y Álvarez se refirieron al tema luego de participar en la mesa redonda “La transparencia y la institucionalidad del Poder Legislativo”, organizada por la FINJUS, en la cual plantearon la necesidad que el Congreso cuente con herramientas que le permitan ser un efectivo contrapeso del Poder Ejecutivo.
En la actividad, la diputada Minú Tavárez Mirabal reconoció esta necesidad y destacó que para que exista un Estado fuerte cada poder debe jugar su papel, lo cual no es posible sino se cuanta con una ciudadanía que ejerza su poder de presión y reclame sus derechos.
Descorides de la Rosa/7dias.com.do
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