SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Un promedio de cuatro personas pierden la vida cada día en la República Dominicana víctimas de disparos, hechos que urgen a las autoridades a comprometerse  con la reducción de la violencia armada.

En un documento emitido este viernes por el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED) y la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI), se aporta el dato, basado en estadísticas de la Procuraduría General, de que solo en 2008 en el país murieron baleadas 1,679 personas y heridas también con armas de fuego, 4,755.

“Enfrentar el problema de la violencia armada es uno de los temas más importantes para alcanzar el desarrollo económico y social del país”, dicen las organizaciones.

Resaltan, además, que la violencia armada tiene  para el Estado un elevado costo económico y social, dado que no solo provoca pérdidas humanas y materiales, sino que exige al sistema de salud pública una cuantiosa inversión y disminuye la productividad de la economía porque la mayoría de los afectados por la violencia armada son jóvenes en edad productiva.

 La presentación del documento “Armas de fuego y desarrollo”, coincide con la celebración de la Semana de Acción Mundial contra la Violencia Armada 2009.

“Esta gran cantidad de dinero destinado a enfrentar la violencia armada, bien pudiera estar siendo utilizado para el tratamiento de enfermedades crónicas, para el desarrollo de planes de reforma en el sistema de salud o educación, entre otras cuestiones más importantes que redundan en el bienestar social de la colectividad”, añaden.

Otro efecto de la violencia armada, extensivo a toda Latinoamérica, que concentra el 42 por ciento de las muertes violentas ocurridas en el mundo, es el socavamiento de los esfuerzos gubernamentales por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas que abarcan la educación, la atención sanitaria, la pobreza extrema, el hambre, la sostenibilidad del medio ambiente y la desigualdad entre los géneros.

“Queremos llamar la atención del Estado dominicano para que tome en serio esta problemática y su impacto negativo sobre el desarrollo sostenible. A las autoridades competentes les pedimos que se comprometan con la reducción de la violencia armada, vista dentro de una perspectiva de políticas públicas de desarrollo”, concluyen diciendo el ICED y la FUNCEJI.

Por considerarlo de interés para sus lectores, 7dias.com.do reproduce el documento preparado por Orlidy Inoa, directora ejecutiva del ICED.