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SANTO DOMINGO (R. Dominicana).-La secretaría de Medio Ambiente cerró este lunes cinco granceras en la rivera del río Nizao, en las comunidades de Semana Santa y Nizao, en las provincias de San Cristóbal y Peravia, respectivamente.
La clausura de las granceras se materializó luego de que este sábado venciera el plazo dado por Medio Ambiente para que dejaran de operar.
A la hora del cierre, dos de ellas aún no habían desmantelado los aparatos de extracción, lo que provocó que el representante de Medio Ambiente, el encargado del Departamento de Suelos y Aguas, Manuel Serrano, diera la orden de que los policías de la Seguridad Nacional de Protección Ambiental (SENPA), cerraran las puertas de ambas --Mombraca y Agregados AG-- permitiendo el paso al interior únicamente a los propietarios y prohibiendo la salida de materiales en camiones.
“No queremos que ninguna empresa de construcción quiebre, lo que no vamos a permitir es que se siga violando la de Ley 64-00. La única garantía que tenemos de que no van a seguir trabajando es desmantelando todo y dejando vigilancia en la zona”, sostuvo Serrano.
El funcionario, quien agregó que en la actualidad unas 11 granceras han sido cerradas por no ajustarse a la ley, no descartó que ocurra lo mismo con otras en igual situación, aunque no precisó cuáles son estas.
Serrano se desplazó con un contingente policial de más de 25 agentes que portaban armas largas e iban vestidos de camuflaje, encabezados por el director del SENPA, coronel Francisco Santos Tolentino, quien los ubicó en varios puntos de las granceras.
Se informó que la vigilancia será permanente y que quien intente transgredir la ley tendrá la fuerza pública de frente.
“Los policías de Medio Ambiente tienen una tarea muy precisa y es la de velar por el buen manejo de los recursos naturales y así se hará, lo puede tener por seguro” sentenció Tolentino, jefe del SENPA.
En ese mismo orden, Serrano sostuvo que en la región Norte se han cerrado ya seis granceras, entre ellas algunas que operaban en las márgenes de los ríos Camú, en La Vega, y el Yuna en Monseñor Nouel.
De las que fueron clausuradas en el Sur se mencionan a Mobraca, Agregados Consolidados, A. G. Agregados, Grancera Marcano, Servi Corte, Cementera del Trópico y Grupo Modesto.
La ley 64-00 sobre Medio Ambiente establece que las granceras deben operar a una distancia no menor de 150 metros de la cuenca de los ríos, lo que fue violado por las empresas cerradas. Habían recibido un plazo de tres meses para concluyeran sus operaciones y desmontaran sus equipos.
El representante de la firma Mombraca, Juan Gómez, quien se encontraba en el lugar al momento del cierre de la empresa, se quejó de que no han podido dar los últimos pasos de desmonte de maquinarias porque se les dañaron a consecuencia de las tormentas Olga y Noel y todo el agregado que habían extraído no fue posible sacarlo.
Gómez solicitó a Serrano que ordene la entrega de los volantes de permiso que otorga Medio Ambiente para poder dar salida al material y venderlo a las empresas constructoras, lo que fue negado por el funcionario actuante.
“Es que ustedes no han cumplido con el plan de recuperación del área (reforestación de la cuenca)”, fue la respuesta.
En la actualidad existen unos 560 permisos para operar la extracción de agregados, de los cuales solo 237 se están utilizando, informó la secretaría de Medio Ambiente.
Entre las empresas que se encuentran operando bajo licencia están Constructora Bisonó, Alba Sánchez, Sucesión Guzmán y Tavárez Industrial.
Ulises Jiménez
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