SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El 68 por ciento de los homicidios ocurridos en el 2006 fueron cometidos con armas de fuego, lo que indica que la violencia armada se ha convertido en una de las principales epidemias sociales del país, afirmó la Fundación Institucionalidad Justicia (FINJUS), que además, acusa al Estado de fallar en una política de prevención de crímenes propiciando un desarme general de la población.

La FINJUS considera que la violencia armada se ha escondido detrás de la falsa promesa de que las armas brindan seguridad, pero sin embargo, la mayor parte de los homicidios tienen origen en hechos violentos y no en la delincuencia común.

La entidad de la sociedad civil basa su análisis en los propios datos de la Policía Nacional, que hablan de que en el 2006 los homicidios fueron mil 934 y de éstos, mil 328 (68.6 por ciento), corresponden a víctimas de armas de fuego.

De igual forma, preocupa a la FINJUS que durante ese año hayan resultado heridas de bala cinco mil 423 personas, mientras que según la Procuraduría General de la República, entre 1999 y el 2005, murieron diez mil 905 dominicanos también por armas de fuego.

Los datos, considerados como una “epidemia social” motivaron a la FINJUS a unirse con la Pastoral Juvenil de la Iglesia Católica para reclamar a las autoridades el inicio de un plan de desarme general de la población, por considerar que la mayoría de los homicidios pudieran evitarse si los individuos carecen del arma de fuego.

Ambas instituciones anunciaron las líneas generales del Programa de Prevención y Reducción de la Violencia Armada, en cuya elaboración participó el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED). Estuvieron en la rueda de prensa el vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, el coordinador de la Pastoral Juvenil, Padre Luis Rosario y los investigadores Nassef Perdomo y Orlidy Inoa.

“Este fácil acceso a las armas de fuego es, indudablemente, causa fundamental de los hechos de violencia que acontecen a diario, lo cual no sólo queda demostrado en aquellos países con conflictos armados, donde gran parte de la población está armada, sino en sociedades “supuestamente” pacíficas como la nuestra, donde sin embargo mueren al año cerca de 2,000 personas”, dijo Castaños Guzmán.

Es igualmente preocupante que entre septiembre del 2003 y junio del 2005, se otorgaran 178,193 autorizaciones de porte y tenencia de armas de fuego en el país,

LA FINJUS y la Pastoral Juvenil sugirieron elaborar un proyecto de ley que restrinja el fácil acceso a las armas de fuego, en el entendido de que la legislación existente es sumamente permisiva en cuanto al otorgamiento de licencias de porte y tenencia de armas de fuego a civiles; realizar campañas de sensibilización el peligro de la proliferación de armas e insistir en un sistema de registro, marcaje y rastreo de armas más eficiente y actualizado.

Además, difusión de la Ley Marco de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados; involucrar a los organismos estatales en el trabajo de prevención y reducción de la violencia armada; lograr la ratificación y perseguir el cumplimiento de los Convenios Internacionales relacionados al tráfico ilícito de armas de fuego e impulsar políticas encaminadas a mejorar el control fronterizo.

Wilkin Amador