SANTO DOMINGO (R. Dominicana).-  Las torres se levantan, desafiantes, contra el cielo azul. Ambicionado símbolo de estatus que trae de cabeza a miles, de ellas se sabe poco, sin embargo. Crecen en la Avenida Luperón, arrimadas al Parque Mirador Sur y la Avenida Anacaona, donde la clase media alta define, a golpe de construcciones verticales, el perfil de una ciudad que quiere a toda costa ocultar su miserable traspatio.

Pero estas modernas torres no están siendo edificadas por el capital privado, dueño y señor de su destino, sino con fondos provenientes del Presupuesto Nacional y por una institución, el Instituto Nacional de la Vivienda, entre cuyas principales responsabilidades, según considerando de la ley que lo crea, está “tener a su cargo la promoción de la actividad constructora de vivienda por métodos adecuados y económicos”, de manera que permita “alcanzar menores costos y, por consiguiente, aumento del numero de viviendas construidas con determinados recursos”.

Las obligaciones del INVI son muchas y todas de carácter social. La Ley 5892, de mayo de 1962, define, sin lugar a equívocos, los sectores a los cuales deberán consagrarse los esfuerzos de la institución: “(…) una acción nacional dirigida a proporcionar vivienda adecuada a los ciudadanos de más modestos recursos debe tomar en cuenta las necesidades de las diversas regiones del país, y dar especial atención a la habitación campesina”.

Siendo así, inversiones como las que han debido hacerse en estas torres desdicen de los propósitos, y no dejan de constituir un uso inadecuado –que no es, forzosamente, sinónimo de corrupto— del dinero que pagan los contribuyentes.

Inducido por sus lectores, el periódico digital 7dias.com.do se preocupó por saber cuáles criterios rigieron a la hora de determinar una inversión todavía incuantificada. Para obtener el dato recurrió a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, de tan infeliz destino, y el 3 de marzo pasado dirigió una carta a la arquitecta Alma Fernández, directora del INVI, requiriendo una serie de informaciones que permitan al público hacerse su propia idea del proyecto.

De entonces al presente

Quince informaciones fueron solicitadas por 7dias.com.do a Fernández:

• Características del proyecto de viviendas
•  Objetivos del proyecto
• Cantidad de apartamentos
• Tipos de viviendas (clase a, b, c, etc.)
• Costos y presupuestos de la obra
• Detalles del financiamiento del proyecto
• Lista de beneficiarios del proyecto
•  Lista de adquirientes de los apartamentos
• Empresa constructora
• Certificación de las licitaciones públicas
•  Planes de venta o asignación de apartamentos
•  Brochures propagandísticos del proyecto
• Precios a los cuales serán vendidos al público
•  Planes y mecanismos de financiamiento para el público
• Cualquiera otra información de interés sobre el referido proyecto.

En el criterio de este medio de comunicación, las preguntas, de ser respondidas, satisfarían el derecho a la información –y hasta la legítima curiosidad— de quienes se preguntan, día con día, sobre las prioridades del Gobierno y sus instituciones en un área que, como la vivienda, resulta neurálgica cuando se habla seriamente de lucha contra la pobreza.

Días después de enviada la carta, y dentro de los plazos establecidos por la Ley de Libre Acceso, la directora del INVI convocó a su despacho a quien escribe. La cita había sido pospuesta en varias ocasiones por la propia arquitecta Fernández quien, en un gesto poco usual en funcionarios de su nivel y responsabilidades, se puso personalmente al teléfono para presentar las excusas por el retraso en el encuentro.

Cuando finalmente se concretó, una amable y abierta directora del INVI  ofreció explicaciones generales sobre el proyecto en el entendido de que era aquella una conversación informal que en modo alguno suplía la información documental solicitada en la carta del 6 de marzo.

En los días previos al encuentro, una publicación anónima presentó el proyecto ejecutado por el INVI como uno de lujo destinado a funcionarios con ingresos mensuales superiores al millón de pesos. Al parecer, la publicación disparó las alarmas de Fernández quien, antes de la entrevista con quien esto escribe, habló sobre el tema con la periodista  Llennis Jiménez, del periódico Hoy. En esas declaraciones, no espontáneas sino requeridas, según nos dijo, Fernández afirma que, lejos estar pensados  para altos cargos en el Gobierno, los apartamentos serán distribuidos entre médicos, maestros, abogados y periodistas.

Aunque extensa y fraternal, la conversación no agregó muchos datos a los que ya habían sido publicados por el periódico Hoy. De ellos hablaremos en una segunda entrega.

Margarita Cordero