|
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Después de más de dos horas de deliberaciones, la cumbre de los partidos de oposición concluyó con una declaración conjunta, que exige el cese inmediato de todos los gastos del Gobierno que no estuvieren presupuestados en la Ley de Gastos Públicos y demandaron de la Junta Central Electoral (JCE) ir más allá de la prohibición del pago de la “nómina CB” por parte de la administración del presidente Leonel Fernández.
El manifiesto fue firmado por los candidatos presidenciales y sus respectivos compañeros de boleta, Amable Aristy Castro, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Miguel Vargas Maldonado, del Revolucionario Dominicano (PRD), Trajano Santana, del Revolucionario Independiente (PRI) y Pedro de Jesús Candelier, de la Alianza Popular.
Tras una serie de consideraciones en torno a la coyuntura política actual, exigen como primer punto que: “el cese inmediato de todos los gastos no presupuestados en la Ley de Gastos Públicos y que las exenciones fiscales con que se han implementado algunos subsidios se sometan, según lo estipulado en el Art. 110 de la Constitución, al imperio de las leyes”.
De igual forman, el documento formula una solicitud de cooperación a las organizaciones de la sociedad civil para que se involucren en el proceso que llevarán a cabo las entidades políticas, dirigidas a notificar formalmente a los funcionarios de la administración y supervisión financiera, para que no aleguen ignorancia.
En lo que corresponde a la JCE, los opositores exigieron al tribunal comicial que asuma a plenitud sus facultades legales y constitucionales, ordenando el cese inmediato, no solo de las llamadas “nóminas CB”, sino también, todas las modalidades del uso ilegal y abusivo de los recursos públicos a favor del candidato reeleccionista.
También solicitaron a la JCE que retenga los fondos del PLD, hasta tanto ese partido se ajuste a la ley, que se disponga el retiro de todos los anuncios financiados por el Gobierno o instituciones públicas que promuevan la reelección del Fernández Reyna.
Además, piden que se investigue de dónde provienen y cómo se pagan los anuncios políticos de los movimientos y grupos que promueven la reelección del mandatario.
El documento será depositado en la JCE y los líderes de oposición se volverían a reunir el 3 de abril, para producir un segundo documento respecto de lo que todos consideran “uso abusivo de los recursos del Estado en la campaña reeleccionista del presidente Fernández, en su perjuicio”.
Wilkin Amador
|
